Panamá es el primer país de la región latinoamericana en establecer la protección de los arrecifes coralinos a través de una ley integral que inclye a más de 130 especies, ubicadas tanto el litoral pacífico como en el Caribe, cumpliendo así con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
28 septiembre 2022 |
A nivel nacional se ha evidenciado la presencia de más de 130 especies de coral en la costa del Pacífico y en el Caribe panameño, que sin embargo han sido perjudicadas por diversas razones como la contaminación, sobrepesca, turismo irresponsable, acidificación de los océanos y crisis climática, entre otras.
Al ser hábitats de reproducción y crecimiento de peces, los corales son fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria de las zonas en donde se encuentran; sin embargo, toda actividad debe darse de forma responsable y regulada por las autoridades.
En materia de cambio climático los corales son vulnerables, pero también grandes aliados, debido a que tienen gran capacidad de fijar carbono, reduciendo la presencia de gases de efecto invernadero y mitigando el calentamiento global. Todo daño que se haga a estos ecosistemas acelerará los efectos de este fenómeno.
En el artículo 12 de la ley se prohíbe la construcción, modificación o cualquier tipo de actividad, tanto en las aguas como en sustrato de ecosistemas de arrecifes coralinos, pastos marinos y ecosistemas asociados. Mientras que en el 20 se prohíbe tirar, arrojar, verter o depositar desperdicios, materiales o residuos sólidos no peligrosos, peligrosos y de manejo especial, así como residuos líquidos peligrosos, en cursos de aguas naturales y artificiales, quebradas, arrecifes y comunidades coralinas, pastos marinos y manglares.
Informes de las Naciones Unidas indican que el 70% de los arrecifes de coral de la Tierra están amenazados: el 20% de ellos ya está destruido sin esperanza de recuperación, el 24% corre riesgo inminente de colapso y un 26% más está en riesgo por amenazas a largo plazo.
El 81% de los arrecifes de coral del Caribe panameño están en la comarca Guna Yala. Por ello, la Ley reconoce el derecho al uso y manejo tradicional de los recursos marino-costeros que ancestralmente han utilizado los pueblos indígenas, acorde a la sostenibilidad y a que no sean degradados.