Crimen organizado destruye biodiversidad en Panamá
Una intrincada selva del norte panameño es presuntamente utilizada para el lavado de dinero mediante minería ilegal, lo que además, interrumpe el Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (Cbmap), conectado con el ecosistema de Centroamérica.
14 noviembre 2016 |
La extracción de oro aluvial en los ríos es una forma de lavar dinero, según el exdirector de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente, Samuel Valdés.
Explicó que el modus operandi de los delincuentes es reclutar indígenas de la etnia Ngabe Buglé, a los que les suministran motobombas para extraer el mineral de los ríos, que luego les compran y funden para hacer prendas, como una vía para blanquear capitales.
La confirmación de que el crimen organizado está detrás de tales actividades, fueron las declaraciones de Belsio González, director del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), quien aseveró que Coclé del Norte (como se nombra la zona) es un área de incidencia del narcotráfico, lo cual se podría considerar un tema de seguridad nacional.
Operativos con efectivos de Senan y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), permitieron decomisar más de 130 motobombas y detectar a inmigrantes ilegales, además de invasores locales, pero posteriormente reciben nuevos equipos para continuar sus labores delictivas.
Una foto aérea tomada por el periódico, muestra un claro en medio de la frondosa jungla, donde la deforestación creada por humanos delata la tala indiscriminada, que junto a creación de espacios agrícolas con malas prácticas, denuncia la invasión del entorno protegido.
La investigación periodística aseguró que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), entre 2012 y 2014 vendió parcelas de bosques vírgenes a foráneos y locales a precios absurdos, en Coclé del Norte y la vecina San José del General, ambos del distrito de Donoso, en la provincia de Colón.
En marzo de 2009, una resolución ambiental declaró la zona como área protegida, pero el entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna ordenó su suspensión provisional.
El letrado cumple actualmente una condena de cinco años de prisión, por actos de corrupción admitidos por él, bajo el compromiso con el tribunal de diputados parlamentarios que lo juzgó, de no continuar la investigación.
En abril de 2014, en un encuentro de estamentos de seguridad de Colombia y Panamá, el entonces director del Senafront, Frank Ábrego, reveló que en Coclé del Norte se detectaron personas dedicadas a la minería ilegal y su contrabando transfronterizo, probablemente financiados por narcotraficantes, recordó la fuente.
