Cambio climático, mercado global y mecanismos de acceso y control sobre la biodiversidad

Se estima que actualmente el mercado global de recursos de biodiversidad bordea cifras mayores a 900,000 millones de dólares y sigue creciendo. Su grado de importancia es tal en el diseño de políticas, estrategias e investigaciones en desarrollo tecnológico, adaptativo e innovaciones en el campo alimentario, salud y servicios ambientales que concitan grandes intereses económico-comerciales para la industria transnacional, pugnando por aprovechar estos recursos sin restricciones de ningún tipo. Los países industrializados también pugnan porque existan formas de propiedad privada y monopólica sobre las formas de vida, productos esenciales para la subsistencia humana, procesos tecnológicos de base biológica, química, bioquímica o conocimientos científicos básicos y aplicados de dichos recursos. Así, desde el norte los países desarrollados viene aplicando y ensayando diferentes mecanismos y modalidades de presión: algunos sutiles, a través de acuerdos de cooperación técnica internacional; y otros patentes, a través de mecanismos comerciales de clara connotación política-económica y muy serias implicaciones socioambientales para los países del sur; además de los métodos vedados que, al margen de la ley y de acuerdos internacionales, se imponen a través de la biopiratería y la extracción directa de los recursos biológicos.

En la medida que la biodiversidad juega un rol fundamental para preservar la vida del planeta y regular el equilibrio entre los ecosistemas y las especies, es necesario gestionar de forma sostenible este capital natural. Países megadiversos como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, entre otros, enfrentan grandes desafíos para aprovechar sus ventajas comparativas y generar nuevas posibilidades de desarrollo alternativo para sus pueblos, porque en su ámbito se asienta la presencia milenaria de múltiples culturas y pueblos originarios, cuyo aporte a la humanidad ha sido -y sigue siendo- fundamental en el desarrollo de valiosos conocimientos y experiencias en el manejo y conservación de la biodiversidad de la región, despertando por ello el interés de grupos de poder económico y mafias que quieren lograr su acceso y control.

Lo anterior nos recuerda una antigua discusión entre las corrientes conservacionistas y desarrollistas, que a partir de la década de 1980 con el proceso de globalización económica y la discusión sobre el paradigma del desarrollo sostenible recobra actualidad. Ocurre que muchos países de la región abrieron sus mercados y flexibilizaron sus políticas internas y los mecanismos de regulación y control del comercio de bienes y servicios. Desde entonces, mal por imposición y/o por convencimiento político de sus gobiernos de turno, aplicaron el recetario neoliberal de los organismos multilaterales con el objetivo de insertar sus economías nacionales al mercado global y crecer de forma sostenida, pero en el proceso subordinando sus políticas internas e incluso su soberanía sobre los recursos naturales que poseen y sobre el cuidado del ambiente. De hecho hoy en día este no es un tema de preocupación exclusiva de las políticas aplicadas por los gobiernos de derecha tradicional, sino también de los de izquierda: Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador, quienes, bajo el argumento controversial de un pragmatismo político social, vienen impulsando proyectos extractivistas de recursos naturales subordinando a las reglas del mercado y al crecimiento económico las consideraciones de tipo ambiental y de enfoque de sustentabilidad.

Lo ocurrido el 2006 con las rondas de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), llamados al principio Tratados de Libre Comercio (TLC) y luego Acuerdos de Promoción Comercial (APC), y que fueran conducidas en forma bilateral por el equipo negociador de los EE.UU. con los equipos de Colombia, Ecuador y Perú hizo evidente para los países miembros de la CAN la imposición de una estrategia de negociación bilateral antes que la de bloque subregional, limitando desde el inicio las posibilidades de negociación de los países andinos. Sin embargo, más allá de la discusión sobre la necesidad de la apertura comercial y de las condiciones particulares en las que los gobiernos de cada país fijan sus objetivos políticos nacionales, sus prioridades y estrategias de negociación comercial, resultaron notorias las tremendas asimetrías entre las partes negociadoras sobre temas claves: los subsidios agrícolas o las patentes de la biodiversidad y la propiedad intelectual, o en el tema de los medicamentos genéricos.

A tenor de los llamados acuerdos comerciales, las condiciones que suelen “imponerse” en estas mesas de negociación responden ante todo –y sobre todo- a las necesidades internas de los países desarrollados: el caso de Estados Unidos y sus intereses específicos respecto a los recursos naturalesii. De allí que su política externa así lo refleja: es decir, asumen como un asunto de seguridad nacional los recursos energéticos, el medio ambiente y la seguridad alimentaria4. Se sabe también de su interés por la biodiversidad de la región amazónica, la que por su excepcional valor despierta también el mayor interés de la comunidad mundial. Investigadores y organizaciones de la sociedad civil vienen advirtiendo que EE.UU., a través de sus organizaciones ambientalistas, vienen insistiendo en la vieja tesis de que para conservar la amazonia debiera declarársela como “bien común de la humanidad”, ya que su internacionalización resultaría un objetivo de gran interés para los fines geopolíticos estadounidenses en la región5.

El mercado global se vuelve entonces un escenario recurrente de relaciones asimétricas de poder económico-comercial y político entre los países del norte y del sur, porque los primeros conciben apócrifamente que los recursos de biodiversidad que poseen los segundos debieran considerarse como “Patrimonio Común de la Humanidad”6. O sea que, desde su particular visión etnocentrista de la cuestión, los países desarrollados suponen que los países pobres o en desarrollo deben aceptar que la biodiversidad que poseen sea considerada como un bien de uso público no exclusivo, facilitando su uso a la humanidad de forma gratuita. Percepción que no sólo pretende desconocer el trabajo de miles de años de conocimientos logrados en la selección y mejoramiento de plantas y animales por los pueblos originarios y las comunidades locales, sino que además pretende obviar la jurisdicción y soberanía de los países poseedores de tales recursos.

Al amparo de la racionalidad económica global, los países industrializados y las empresas transnacionales pretenden el mayor beneficio posible con el uso de estos recursos7, seguir desarrollando diversos productos: nuevas variedades vegetales, semillas mejoradas, plaguicidas, medicinas, etc., y declararlos propiedad privada sujetos de derecho de propiedad intelectual exclusiva de estas empresas. Así, los comercializan sin restricción alguna obteniendo inmensas ganancias por ello. Y más grave aún, vendiéndolos luego a los países del sur quienes antes aportaron de forma “gratuita” su biodiversidad.

Entre las estrategias o mecanismos de control que vienen operando sobre los recursos de biodiversidad están los llamados Derechos de Propiedad Intelectual (DPI). Y en general se conoce que tanto las patentes, los derechos de obtención vegetal u otros, se otorgan a los llamados “innovadores oficiales”, o sea, los que ponen a punto las nuevas tecnologías o productos cuyas invenciones se reconocen oficialmente por el sistema DPI, como en el caso de las empresas que hoy operan en el mercado. Sin embargo, en el camino se marginan a los llamados “innovadores no oficiales”, es decir, a los países andinos y las comunidades indígenas y locales, cuyo trabajo en la conservación de la biodiversidad sólo se reconoce de forma simbólica sin asignarles ningún derecho de propiedad sobre la misma.

De establecerse los DPI sobre la biodiversidad, como viene ocurriendo de hecho –y en forma arbitraria- con numerosos casos de biopiratería propiciados o tolerados por los países industrializados8, se seguirá afectando el sustento de miles de pueblos originarios y comunidades locales, y la continuidad del desarrollo de sus actividades tradicionales: recolección, caza, pesca, agricultura y afines poniendo en grave riesgo sus culturas y formas de vida en sus territorios9. Máxime ahora con los serios efectos e impactos que el cambio climático y la variabilidad climática extrema viene ocasionando en diferentes zonas: malnutrición, epidemias y nuevas enfermedades, desastres y mayor pobreza.

La falta de políticas de estado y de leyes y reglamentos específicos -o en el caso de existir- su inaplicación fáctica por los gobiernos, constituye uno de los mayores obstáculos para lograr un marco adecuado de protección y conservación de la biodiversidad en la región frente a los grupos de poder económico, las mafias y la corrupción del sector público. Se requieren nuevos espacios de diálogo y voluntad política efectiva de los gobiernos, recogiendo las demandas e iniciativas de las organizaciones indígenas y actores de la sociedad civil movilizada, para avanzar en torno a políticas realmente inclusivas y de cumplimiento estricto de convenios internacionales, normas y reglamentos, así como estrategias de acercamiento y consulta a las poblaciones locales para su participación en la toma de decisiones.