Se cumplen 20 años de la histórica adopción de la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas

En su preámbulo, la Convención reconoce “que la desaparición forzada de personas constituye una afrenta a la conciencia del Hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana”.

Por ello, los Estados se comprometieron a adoptar una serie de medidas para erradicar dicha práctica.

En efecto, la Convención ha sido fundamental para desarrollar el contenido de las obligaciones de los Estados en relación con la prevención, investigación y sanción de las desapariciones.

La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos también han cumplido un rol fundamental en la interpretación de la CIDFP. La CIDH reconoció desde sus primeros casos el derecho a la verdad de los familiares de personas desaparecidas, así como la importancia de tener en cuenta las circunstancias de una desaparición al valorar la prueba de un caso.

Por su parte, la Corte ha sido constante al referirse al carácter continuado, permanente y autónomo de la figura de la desaparición forzada de personas.

Asimismo, ha señalado que ésta constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos
Humanos que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión.

Para este órgano interamericano, la desaparición forzada implica un craso abandono de los principios esenciales en que se fundamenta el Sistema Interamericano, y su prohibición ha alcanzado carácter de jus
cogens.

Ambos órganos de protección han desarrollado reparaciones específicas para casos de desaparición forzada, como por ejemplo ordenar acciones e investigaciones orientadas a dar con el paradero de las personas desaparecidas.

Ahora bien, al conmemorarse los 20 años de la firma de la Convención, las organizaciones firmantes consideramos que todavía subsisten importantes retos para cumplir con el objetivo previsto.

En primer lugar, hacemos un llamado a la universalización de la Convención. Hasta la fecha de los 35 Estados miembros de la OEA, sólo 15 países la han ratificado, siendo éstos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

De manera adicional, muchos Estados no han adoptado todavía legislación específica paracombatir e investigar delitos de desaparición forzada. Por un lado, sigue siendo un pendiente en muchos países la tipificación del delito de desaparición forzada, a pesar incluso de haber sido ordenado por la Corte Interamericana en sentencias contra esos Estados.

Es el caso, por ejemplo de Perú, Brasil, México, Panamá y República Dominicana. A la vez, muchos de los que han tipificado deben todavía adaptar dicha legislación a estándares internacionales en materia de atenuantes, agravantes, temas de obediencia debida y juzgamiento en el fuero ordinario.

Asimismo, es necesario la establecimiento de la imprescriptibilidad del delito y la   aprobación de legislación civil que facilite la declaración de ausencia de personas desaparecidas. También urge que los Estados cuenten con registros de detenciones adecuados que permitan prevenir dicha práctica.

Otro reto impostergable es el cumplimiento pleno de las decisiones del Sistema Interamericano en casos sobre desapariciones de personas, especialmente en cuanto a las medidas estructurales, como el acceso pleno y oportuno a archivos militares o policiales; la reivindicación de la memoria de las víctimas y sus familiares; la adopción de bancos genéticos apropiados;  el reconocimiento y no negación de la comisión de graves violaciones de derechos humanos cometidas en dictaduras y en democracias; la realización del derecho a la verdad; la protección efectiva de familiares, defensores y defensoras de derechos humanos y otros sujetos procesales involucrados en la búsqueda de las personas desaparecidas; la
debida diligencia en la investigación de los hechos y justicia a los responsables, entre otros desafíos que vive la región.